Estrategia y gestión de empresas
Detención de Julio Martínez y Roberto Roselli de Plus Ultra: investigación judicial sobre el rescate público y su posible conexión con capital venezolano
La aerolínea Plus Ultra vuelve a situarse en el centro del debate público y judicial tras una operación policial llevada a cabo el 11 de diciembre de 2025. La intervención en la sede central de la compañía derivó en la detención de su presidente, Julio Martínez, y de su consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
El foco del procedimiento está puesto en el rescate estatal de 53 millones de euros concedido en 2021 y en la posible utilización indebida de esos fondos para canalizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a actividades ilícitas en Venezuela.
El seguimiento del dinero: una trama con ramificaciones internacionales
La investigación ha superado el ámbito nacional gracias a la cooperación de las fiscalías de Francia y Suiza, que han permitido reconstruir una red financiera presuntamente utilizada para mover fondos de origen irregular a través de distintos países.
Según los informes judiciales, el capital investigado tendría su origen en dos grandes vías relacionadas con el sector público venezolano:
Principales fuentes bajo sospecha
- El programa CLAP, destinado al suministro de alimentos subvencionados a la población.
- La comercialización de oro presuntamente extraído de las reservas del Banco Central de Venezuela.
Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados mediante empresas instrumentales, utilizadas tanto para la adquisición de activos inmobiliarios como para la concesión de préstamos vinculados a la aerolínea.
El uso del rescate público bajo escrutinio
Uno de los elementos clave del caso es determinar qué destino real tuvieron los fondos públicos recibidos por Plus Ultra. La hipótesis principal es que parte del rescate no se empleó para reforzar la operativa de la compañía, sino para cancelar deudas previas con entidades integradas en la red investigada.
De confirmarse este extremo, el rescate estatal habría servido indirectamente para sanear operaciones anteriores vinculadas a la presunta trama criminal, lo que agravaría la responsabilidad penal y administrativa de los implicados.
La polémica declaración de “empresa estratégica”
Otro aspecto central del procedimiento es la concesión misma de la ayuda pública. En su momento, el Gobierno justificó el rescate calificando a Plus Ultra como una compañía estratégica. Sin embargo, varios informes periciales incorporados a la causa apuntan a que la aerolínea presentaba una situación de insolvencia ya desde 2019.
Este dato resulta especialmente relevante, ya que las empresas que se encontraban en dificultades financieras antes de la pandemia no cumplían los requisitos legales para acceder a las ayudas extraordinarias aprobadas tras la crisis sanitaria.
Reactivación del caso y nuevas líneas de investigación
Aunque inicialmente la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia, la aparición de nuevos indicios ha permitido que el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid reabra una causa que había sido archivada por defectos procesales.
Entre las nuevas líneas de investigación destaca el posible desvío de fondos hacia cuentas en el extranjero, con referencias a jurisdicciones como Panamá y Emiratos Árabes Unidos, tras operaciones simuladas de compraventa de oro por importes cercanos a los 30 millones de euros.
Situación actual del procedimiento
El caso permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan las pruebas recabadas en registros efectuados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca. Además de los directivos de Plus Ultra, la fiscalía investiga a una estructura criminal internacional integrada por ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos venezolanos, peruanos y un abogado español, presuntamente especializados en la canalización de dinero opaco.
En términos financieros, el caso recuerda a una aerolínea que recibe combustible de emergencia para evitar la quiebra, pero decide desviar su ruta en pleno vuelo, dejando en el aire no solo su destino, sino también el de los recursos públicos que debían garantizarlo.
